Comenzará el 1 de enero de 2026. Nunca antes se había realizado una inspección de empleados de este tipo.

• Hoy en día los empleadores no pueden verificar directamente con la universidad si los datos contenidos en el diploma presentado por un empleado o candidato a un puesto de trabajo son verdaderos.
• El proyecto de modificación de la Ley de Educación Superior y Ciencia, que prevé nuevos instrumentos de control para los empleadores, fue creado como parte del paquete de desregulación.

La propuesta de modificación de la Ley de Educación Superior y Ciencia se creó como parte del paquete de desregulación y fue sometida a consulta pública en la primera quincena de julio.

Este cambio surge a raíz de una solicitud del público, el equipo "sprawdzMY". Aborda los desafíos que enfrentan los empleadores que tienen dudas sobre la veracidad de los documentos presentados por empleados o solicitantes de empleo en relación con su formación académica.

- La práctica demuestra que los empleadores no pueden verificar directamente con la universidad si los datos contenidos en el diploma de graduación presentado por un empleado o solicitante de empleo son verdaderos, porque a la luz de la posición presentada por el Presidente de la Oficina de Protección de Datos Personales (PUODO), por regla general, las regulaciones nacionales no prevén el derecho de los empleadores a ponerse en contacto con otras entidades para confirmar o comprobar la veracidad de los documentos presentados por los empleados o solicitantes de empleo durante el proceso de contratación y los datos contenidos en estos documentos - leemos en el OSR.

El objetivo de la modificación -según ha indicado el Ministerio de Ciencia- es crear un marco jurídico que permita a los empleadores confirmar en la universidad los datos contenidos en un diploma emitido en formato papel.

De acuerdo con las disposiciones del proyecto, las universidades, a petición del empleador, facilitarán información sobre los datos contenidos en el diploma expedido en formato papel sobre la base de los datos del titular de dicho diploma facilitados en la solicitud, en particular el nombre y apellidos y el número del diploma.

- El suministro de información por parte de las universidades estará sujeto a una tasa - la tasa ascenderá al 1% del salario mínimo establecido sobre la base de la normativa salarial mínima vigente en la fecha de presentación de la solicitud - destacaron los patrocinadores del proyecto.

La premisa para presentar la solicitud será "dudas razonables sobre la autenticidad de los datos contenidos en el diploma de graduación después de la verificación de las medidas de seguridad antifalsificación especificadas en las disposiciones de la Ley de 22 de noviembre de 2018 sobre documentos públicos, en relación con los documentos con tales medidas de seguridad".

Nueva ley a partir del 1 de enero de 2026

Como señalaron los promotores del proyecto, la introducción de la solución mencionada requiere una modificación de la Ley y la adición de disposiciones que especifiquen en detalle el alcance de los datos incluidos en la solicitud, incluido el alcance de los datos de identificación del empleador y los datos necesarios para verificar el diploma universitario, el método de presentación de la solicitud por parte del empleador y el suministro de información por parte de la universidad.

La modificación entraría en vigor el 1 de enero de 2026. – Este plazo permitirá a las universidades adaptar adecuadamente su organización para realizar la nueva tarea: desarrollar, adoptar e implementar procedimientos apropiados o revisar y adaptar los procedimientos existentes, emitir autorizaciones apropiadas a los empleados – indicaron los autores del proyecto.

También señalaron que la introducción de las soluciones propuestas supondrá la imposición de cargas adicionales a las universidades, que serán significativas - según la información del Sistema Integrado de Información sobre Educación Superior y Ciencia POL-on, en promedio se expiden anualmente 299.236 diplomas de finalización de estudios en todo el país, y además la regulación puede aplicarse a los diplomas expedidos en los últimos 50 años.

Las consultas públicas sobre el proyecto durarán hasta el 25 de julio.

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