Planificación territorial en Aconcagua Radio: desafíos y avances para proteger el territorio y el agua

Mendoza cuenta con una ley de ordenamiento territorial desde 2007 y un Plan Provincial de Ordenamiento Territorial sancionado en 2017, con una visión a largo plazo hasta 2045. Así lo explica Matías Dalla Torre, director de Planificación Territorial, quien detalla cómo estos instrumentos buscan coordinar el crecimiento urbano con la protección de las zonas productivas y el cuidado ambiental en la provincia.

“Los gobiernos municipales tienen la responsabilidad directa sobre el control territorial, mientras que la provincia articula y coordina esa planificación”, señala Dalla Torre. Cada municipio posee su propio plan de ordenamiento territorial que define zonas residenciales, rurales y las llamadas “zonas de interfaz”, espacios donde conviven usos urbanos y agrícolas. Estas áreas resultan particularmente conflictivas, ya que la expansión urbana presiona sobre la producción hortícola y vitivinícola, un desafío constante en Mendoza.

El plan provincial está pensado para proyectar y planificar el desarrollo territorial hacia 2045, pero la velocidad del cambio climático y las dinámicas sociales y económicas llevan a reducir los plazos de prospectiva. “Estamos en un proceso de actualización que utiliza tecnología satelital e indicadores socioeconómicos y ambientales para monitorear, por ejemplo, la expansión de la mancha urbana que amenaza las tierras productivas”, explica el director.

La presión inmobiliaria, especialmente visible en zonas como Maipú y Luján, donde antes de la vigencia de los planes hubo desarrollos descontrolados, es una de las mayores amenazas para el cinturón verde que abastece de alimentos frescos a la ciudad y protege la producción rural y vitivinícola. “Actualmente, con las normativas vigentes, es muy difícil habilitar proyectos inmobiliarios en zonas protegidas, aunque las leyes no son suficientes sin políticas económicas y culturales que incentiven a los productores a mantener la actividad agrícola”, añade Dalla Torre.

Otro factor crítico para la planificación territorial es la escasez hídrica, agravada por el cambio climático. “Cuando se elaboró el plan en 2013, el calentamiento global no tenía la relevancia que tiene hoy. Ahora, el Ministerio de Ambiente y Energía trabaja en inventarios provinciales y municipales de gases de efecto invernadero y se promueven construcciones sustentables con beneficios fiscales”, señala. “La infraestructura pública incorpora vegetación autóctona y paneles solares, pensando en un futuro con menos agua disponible.”

Sobre las zonas más vulnerables, como el pie de monte, donde hubo ocupaciones irregulares anteriores a la sanción de la ley específica de 2022, Dalla Torre comenta que se ha establecido una línea rígida para prohibir nuevas urbanizaciones en zonas de riesgo, y que ahora la gestión municipal y provincial apunta a regularizar y llevar servicios a quienes ya habitan estas áreas, aunque el desafío es enorme.

Respecto a la coordinación intermunicipal, si bien cada municipio tiene autonomía, existen ejemplos exitosos como la red de ciclovías del Gran Mendoza, planeada y financiada en conjunto. Además, se trabaja en la unificación de códigos de construcción para facilitar y homologar procedimientos en toda el área metropolitana, un proceso complejo pero fundamental para mejorar la planificación territorial.

“Es un trabajo de largo plazo que requiere no solo leyes, sino recursos, presencia en el territorio, políticas económicas y culturales, y la cooperación de todos los niveles de gobierno y la sociedad”, concluye Dalla Torre.

En un contexto de urbanización acelerada, cambio climático y demanda creciente por suelo y agua, la planificación territorial en Mendoza se presenta como una herramienta imprescindible para lograr un desarrollo equilibrado, sostenible y justo para las generaciones futuras.

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