Instituto Nacional Sanmartiniano: quién es Federico Fischbarg, el nuevo director

Pese a que estuvo en la recta final para convertirse en director del Instituto Nacional Sanmartiniano, hoy con rango de museo, el joven postulante Alberto Consuegra Sanfiel, licenciado en historia y magister en historia contemporánea por la Universidad de La Habana, Cuba, no consiguió el sillón para el que sonaba su nombre. ¿Quizá el antecedente cubano le jugó en contra? No pudimos saberlo.

Lo cierto es que en la Secretaría de Cultura de la Nación, a cargo de Leonardo Cifeli, y en la Dirección Nacional de Museos, a cargo de María Paula Zingoni, ya le dieron la bienvenida a Federico Ezequiel Fischbarg, quien aquilata tanta experiencia en el rubro masónico, como en el asesoramiento de exposiciones nacionales e internacionales, y en la defensa de organismos de derechos humanos, según hemos podido colegir de lo publicado en sus redes sociales.

En su experiencia más reciente y hasta su aceptación del nuevo cargo público fue responsable del Archivo de la Gran Logia de la Argentina de Libres y Aceptados Masones (recordemos que el Libertador José de San Martín fue masón) y asesoró en la renovación del Museo Masónico que pertenece a esa Logia.

También tuvo responsabilidades en el plan institucional para el desarrollo del Museo Armenio, a instancias de la Fundación Memoria del Genocidio Armenio. Su derrotero lo llevó a intervenir en el diseño de la exhibición de Mamá Antula y la Santa Casa de Ejercicios, de las Hijas del Divino Salvador.

Hasta donde pudimos saber, Fischbarg también fue director Nacional de Museos en la gestión del exsecretario de Cultura Pablo Avelluto entre 2017 y 2019; y también asesoró a la municipalidad de Lomas de Zamora hasta 2014, en tiempos del hoy imputado por enriquecimiento ilícito y lavado de activos Martín Insaurralde.

Habiendo trabajado en el desarrollo de varios proyectos de exhibición tanto en lo público como en lo privado, en los últimos años se ha especializado en el registro y documentación de bienes culturales y en el desarrollo de planes integrales para la gestión del patrimonio cultural.

Su hoja profesional señala que también trabajó para el Gobierno de la Ciudad en algún tramo de su vasto trasiego. Su labor lo llevó también a suscribir colaboraciones con distintos museos nacionales, como el Histórico Nacional, y con museos en el exterior.

En sus redes sociales, en tanto, el flamante funcionario ha hecho público en los últimos años su apoyo a la ley del aborto legal, a las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, y al colectivo LGTBIQ+, lo que marca un sorprendente avance del Gobierno nacional en materia de aceptación de las minorías, por lo menos en el ámbito de la cultura que, objetivamente, debe contener a la diversidad.

El jueves último, en una sesión maratónica, el Senado de la Nación volteó el decreto 345/25 del presidente Javier Milei, cuyo mentor fue el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.

El decreto de Milei, publicado en mayo de este año (¡notable celeridad del Senado para desactivarlo!), definía en esencia la reconversión de varios organismos en “unidades organizativas”, los que habían funcionado con gestiones independientes de la Secretaría de Cultura de la Nación.

En primer lugar la norma que fue desactivada dispuso la fusión del Instituto Nacional Yrigoyeniano, creado por ley 26.040, y del Instituto Nacional de Investigaciones Históricas Juan Manuel de Rosa, cuya vigencia fue dada por la ley 25.529, en una sola “unidad organizativa dedicada a la investigación, promoción y difusión de personalidades históricas destacadas y próceres nacionales”.

Bajo la misma poda quedó el Instituto Nacional del Teatro, otra unidad organizativa, para el que se creó “un Consejo Asesor ad honorem, integrado por un representante del quehacer teatral por cada una de las regiones culturales argentinas, el que asesorará con carácter no vinculante”.

En la misma norma rechazada por la Cámara alta la semana última, perdió autonomía la Comisión Nacional Protectora de Bibliotecas Populares, que pasó a ser otra unidad de la Secretaría de Cultura, creándose “la Junta Representativa de Bibliotecas Populares, cuyos miembros actuarán con carácter ad honorem asesorando a la Comisión Nacional Protectora” para canalizar las solicitudes de las bibliotecas del país”.

Otro órgano que perdió independencia por el decreto presidencial fue la Comisión Nacional de Monumentos, Lugares y de Bienes Históricos, que se convirtió en una suerte de anexo de la Secretaría de Cultura, y que la semana pasada, según anticipamos en Clarín, completó su Consejo Asesor. En todos los casos, esa mutación obedeció exclusivamente a razones económicas, porque permitió concentrar la gestión de recursos en la Secretaría de Cultura de la Nación.

Consolidado el rechazo del decreto 345/25 por ambas Cámaras del Congreso, resta saber si el Poder Ejecutivo insistirá en su legitimación a través de la Justicia, en virtud de que las medidas dispuestas en la norma ya se ejecutaron o están en vías de ser ejecutadas.

Como suele pasar en la Argentina, cuando la política es incapaz de encontrar consensos y no brinda soluciones a los temas que son propios de su ámbito, el 345/25 podría terminar en el embudo que conduce a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. A menos que el gobierno lo tenga por desestimado y vuelva a fojas cero.